viernes, 19 de abril de 2013

Jueza Carol Patricia Flores anula juicio por genocidio contra Ríos Montt


Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, resolvió ayer anular todas las diligencias del juicio que se seguía contra el exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, y el extitular de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, quienes por 20 días fueron procesados por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. 


La juzgadora explicó que su decisión se debió al cumplimiento de dos órdenes que le fueron notificadas el pasado martes: la primera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ordena a esa judicatura que restituya al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) lo ordenado en el amparo interpuesto contra la decisión que el 23 de noviembre de 2011 trasladó a Miguel Ángel Gálvez el caso contra el militar Héctor Mario López Fuentes, único sindicado en aquella fecha.

La segunda orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual detalla que la juzgadora debe “recibir las actuaciones” y dar “exacto cumplimiento” al amparo provisional otorgado a CALDH.

Las anteriores resoluciones fueron suficientes para que la jueza decidiera dejar sin efecto todo lo actuado del 23 de marzo de 2011 en adelante, y anular el juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, que hasta ayer se realizaba contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Antes de hacer pública su decisión, Flores aclaró: “Más que un deber es una obligación resolver lo ordenado por la CC y la CSJ”. La juzgadora insistió en que no resolvía “a su sabor y antojo” sino en cumplimiento a las órdenes de ambas Cortes.

Oposición común 

Tras escuchar la resolución de Flores, el representante del Ministerio Público (MP) y los querellantes interpusieron un recurso de reposición para que la juzgadora revisara su fallo. 

Edgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), argumentó que el fallo en lugar de restituirle derechos le provocaba agravio a las víctimas que han esperado a que se haga justicia por muchos años. “Más de 30 años han pasado y el Estado no ha resuelto los agravios contra las víctimas, por eso es que la justicia no se puede detener y esa es la razón por la que un órgano superior nombró a otro juez para que siguiera el proceso”, declaró Pérez.

Orlando López, fiscal a cargo del proceso por genocidio, consideró que la juzgadora se “extralimitó” en su resolución y fue más allá de lo que la CSJ y la CC le ordenaron en las resoluciones previas. “El único agravio en discusión es que le quita al Ministerio Público la obligación de ejercitar la acción penal pública por un delito que ha sido cometido”, argumentó el fiscal. 

Héctor Reyes, abogado de CALDH, declaró que el proceso penal “no puede quedarse estancado” y criticó la decisión de la juzgadora, argumentando que “se está retrocediendo a actos procesales que ya concluyeron”. 

Defensores satisfechos

Franciso Palomo, abogado defensor de Rodríguez Sánchez, opinó que el fallo de Flores “está revestido por impecable lógica jurídica” y solicitó rechazar el recurso de reposición planteado por los acusadores. 

Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, achacó a CALDH ser los responsables de esa resolución, y cuestionó a los querellantes: “¿Si el amparo ya no tenía materia por qué no renunciaron a él?”.

Flores decidió declarar sin lugar el recurso planteado por los acusadores y dio por finalizada la audiencia que duró más de dos horas. 

Ríos Montt, quien a partir de la resolución de la juzgadora cambió de un semblante rígido a uno más apacible, se negó a opinar sobre la resolución. “No debo, para eso tengo abogados”, se limitó a expresar.

MP ve ilegalidad en la resolución

Claudia Paz y Paz, fiscal general del MP, dijo en conferencia de prensa que la jueza Flores dictó una resolución ilegal al anular el trabajo realizado en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez. 

Según Paz y Paz, a Flores le consta que ya se había dado cumplimiento a lo ordenado por la CC y afirmó que el amparo al que Flores se refirió ya había perdido materia y su resolución está alejada de lo ordenado por esa Corte.

La Fiscal General expuso que el MP presentará todas las acciones legales ante los tribunales, puesto que la jueza Flores “desobedeció y fue más allá de lo que debía”.

Juzgados entre aplausos 

Por la mañana, antes de que Flores explicara su decisión de anular lo actuado desde noviembre de 2011 en el proceso por genocidio, el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez seguía su trámite cotidiano. El Tribunal Primero A de Mayor riesgo tenía previsto para ayer escuchar a los últimos testigos de la defensa.

Sin embargo, los defensores de los acusados solicitaron a Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, suspender la diligencia hasta que se conociera la resolución de Flores. 

La juzgadora rechazó esa petición y ordenó continuar con el proceso, ante ello los juristas se declararon en “resistencia pacífica” y se retiraron de la sala de audiencias, lo que provocó aplausos de los familiares y simpatizantes de los militares.

Barrios ordenó a la seguridad del Organismo Judicial que regresara a los abogados, a quienes les expresó: “Ustedes no pueden dejar sin defensa a los acusados”. En la sala se oyeron una vez más los aplausos, en ese momento más fuertes.

Las dudas después de la resolución

El fallo que Carol Patricia Flores signó ayer en el proceso por genocidio contra tres militares, abrió la puerta a algunas dudas que por ahora no tienen respuestas. 

Una de esas interrogantes es: si el proceso por genocidio se retrotrae hasta el 23 de marzo de 2011, como detalla la resolución de Flores. 

> ¿En qué situación legal queda Efraín Ríos Montt, quien en esa fecha aún no había perdido su inmunidad como diputado y por lo tanto no se había presentado voluntariamente a declarar ante esa judicatura? 

¿Cuándo se retomará el proceso contra Héctor Mario López Fuentes, quien recusó originalmente a Flores, fue el primer procesado por ese caso y actualmente permanece gravemente enfermo en un hospital?

En caso de ordenarse un nuevo juicio contra López Fuentes, Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, ¿los sobrevivientes accederán a declarar por segunda vez ante un tribunal? 

¿Podrán las víctimas de violación sexual testificar una vez más los actos atroces cometidos por el Ejército en las comunidades ixiles?

¿Volverá Hugo, el testigo protegido del MP, a vincular al comandante Tito Arias (Otto Pérez Molina) en las masacres ejecutadas en Quiché entre 1982 y 1983?

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